El concejal de Hacienda, Francisco Soler, ha informado hoy sobre la resolución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana relativas a los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida y transporte de residuos sólidos urbanos correspondiente al ejercicio 2025.

La resolución analiza los distintos motivos de impugnación planteados, estimando dos de ellos.

En concreto, el tribunal ha desestimado el motivo al incumplimiento de la obligación de publicar la exposición pública de la modificación de la ordenanza en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia de Alicante. Aunque la publicación se realizó en tiempo y forma en otros medios y se desarrolló una amplia campaña informativa durante semanas, el TSJ considera que no se cumplió estrictamente este requisito formal.

No obstante, Soler ha subrayado que “en ningún momento se ha vulnerado el derecho de los ciudadanos a estar informados ni a presentar alegaciones”, destacando el esfuerzo realizado por el equipo de gobierno para dar la máxima difusión al proceso a través de múltiples canales de comunicación locales y provinciales.

Por el contrario, la sentencia respalda de forma clara otros aspectos fundamentales de la ordenanza. Así, el tribunal avala la aplicación gradual del incremento de la tasa, establecido en un 25% anual hasta completar el 100%, considerando que se trata de una interpretación razonable y acorde al espíritu de la normativa estatal.

Asimismo, el TSJ también desestima la impugnación relativa a la supuesta falta de incentivos para fomentar la separación en origen de residuos y su reducción. En este sentido, reconoce como válido el sistema de bonificaciones impulsado por el Ayuntamiento, que permitirá a los ciudadanos reducir hasta en un 50% el importe de la tasa en función de sus hábitos de reciclaje.

Por último, en relación con la alegación sobre un posible trato arbitrario entre distintas categorías de calles, el tribunal también desestima las decisiones políticas adoptadas y contextualiza que el sistema aplicado responde a criterios administrativos heredados de décadas anteriores. El propio Ayuntamiento ya ha iniciado su revisión para adaptarlo a criterios más equitativos.

El concejal de Hacienda ha destacado que “la sentencia avala las decisiones clave del equipo de gobierno en la aplicación de la tasa de residuos, especialmente en lo relativo a su implantación gradual y al sistema de incentivos”, y ha añadido que el Ayuntamiento continuará trabajando para mejorar los aspectos formales señalados por el tribunal.