El escrito de interposición, que será presentado mañana, se acompaña de informes técnicos y académicos que alertan de los efectos hidrológicos, económicos, sociales y medioambientales de la medida
La Diputación de Alicante interpondrá mañana martes 4 de abril el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno central por el que se aprueba el Plan del Tajo. Además, se solicitará la medida cautelar de suspensión del aumento del caudal ecológico ya en su primer incremento a 7 metros cúbicos por segundo por los daños irreparables e inmediatos sobre la economía y el medioambiente de la provincia de Alicante.
El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha informado esta mañana de la presentación de este escrito de interposición ante el alto tribunal en el que la Diputación, a diferencia del recurso de la Generalitat que sí acepta esta primera subida, “defiende que, desde el primer momento, la decisión arbitraria del Gobierno de subir un metro cúbico el caudal ecológico está generando ya un perjuicio económico, social,
medioambiental e hidrológico para nuestro territorio”.
Junto a la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, y el director del Instituto Universitario del Agua, Andrés Molina, el dirigente alicantino ha explicado que el recurso de la Diputación se acompaña de diferentes informes técnicos y académicos realizados por expertos sobre las consecuencias que la nueva planificación del Tajo tendrá sobre la cuenca del Segura, ya que solo esta primera elevación de un metro cúbico por segundo – de 6 a 7 m3/s- produce una merma de 28 hm3 de agua disponibles.
Al mismo tiempo, se pone sobre la mesa que los daños ocasionados por el recorte del trasvase Tajo-Segura no podrán compensarse con subvenciones y que la intención del Gobierno de aumentar las infraestructuras y la capacidad de las desaladoras conllevará una tramitación administrativa que se alargará incluso años.
Carlos Mazón ha apuntado, por otra parte, que el rechazo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a la oferta de la Diputación de coordinar la defensa jurídica del trasvase, como sí se ha hecho desde la institución provincial con Murcia y con Almería, “puede condicionar negativamente” la decisión de Tribunal Supremo sobre la suspensión cautelar, ya que la Generalitat avala con su recurso la primera subida del caudal y solo solicita la suspensión para un incremento que debe entrar en vigor en 2026.
Al respecto, ha insistido en que “no tiene ningún sentido solicitar la suspensión cautelar de algo que tiene que pasar dentro de tres años como está haciendo la Generalitat y no tiene tampoco ningún sentido que en su recurso se avale el aumento del caudal ecológico a 7 metros cúbicos cuando hay informes que demuestran que los daños son irreparables ya con esta primera subida, como está ocurriendo”.
“Esto supone una rendición a plazos de Puig, un engaño más en ese teatrillo que ha montado con sus compañeros del PSOE que nos puede llevar, desgraciadamente, a una resolución por parte del Tribunal Supremo contraria a los intereses de la provincia de Alicante. Ello sería imperdonable”, ha manifestado el presidente de la Diputación.